MANO IZQUIERDA

La Justicia da la espalda a un maestro de Sanlúcar que denunció a un colegio de monjas por discriminación sexual

 Por José García

 

La ciudad ha amanecido con la noticia de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que exculpa definitivamente al colegio de monjas 'Divina Pastora' de Sanlúcar de Barrameda por el despido del maestro de Primaria Vicente Ramírez, que había denunciado al centro religioso por discriminación sexual, alegando que el motivo de tal despido se hallaba vinculado a su condición gay. El tribunal corrobora así la versión del colegio, que alegó que en realidad había sido despedido porque no había superado el nuevo proceso de selección.

Realmente, desconozco los detalles que han rodeado este caso más allá de lo que ha ido goteando en la prensa local y provincial desde hace dos años, cuando se formuló la denuncia. Sin embargo, el asunto, y su tratamiento en los medios de comunicación ultracentristas, eleva, cuando menos, unas cuantas reflexiones acerca de la homofobia institucionalizada y las sutiles formas de discriminación laboral que seguimos padeciendo profesionales lgtbq de todo pelo, pero sobre todo, en ámbitos tan 'sensibles' para los adalides del fundamentalismo católico como la educación.

En primer lugar, quisiera poner el foco en el tratamiento del caso por parte de los medios neoconservadores de la pronvincia (que son la mayoría), particularmente del más emblemático de todos ellos, Diario de Cádiz, que daba a conocer la sentencia esta mañana con el rimbombante titular de El TSJA exculpa de homofobia a un colegio de monjas de Sanlúcar. Que un periódico se limite a informar del contenido de una sentencia de interés público no resulta, en absoluto, reprochable. Es más, deberíamos entender que es una obligación. Sin embargo, el referido periódico no solo informa de la decisión judicial sino que interpreta el asunto de la manera más tendenciosa posible afirmando cosas como que "acusar a un colegio de monjas de expulsar a un profesor por ser homosexual era un argumento muy atractivo para muchos (colectivos sociales, partidos y algunos medios de comunicación), que se lanzaron a degüello contra este centro sanluqueño". Es decir, otra vez las inocentes congregaciones católicas víctimas del 'odio religioso', vituperadas por grupos insignificantes, desde el punto de vista social, de maricas histéricas, respaldadas por partidos de izquierda.

Todo muy sintomático. Medios que han mantenido un elocuente silencio sobre el 'Plan Municipal contra la Homofobia y la Transfobia' que con enorme fatiga tratan de sacar adelante el Ayuntamiento de Cádiz y los colectivos lgtbq, o sobre las protestas organizadas contra el asesinato social del joven Alan, se recolocan de repente en el debate con un ampuloso titular en el que se "exculpa de homofobia" a una entidad religiosa. Y es que ahí encontramos ls activistas lgtbq el principal obstáculo en esta batalla: el problema primero no es articular estrategias para erradicar los comportamientos homofóbicos en el municipio, sino que se reconozca socialmente que existe la homofobia. Una circunstancia a la que se muestran más que refractarias las derechas política, mediática y religiosa de la capital, empeñadas en mostrar que aquí vivimos en la ciudad del 'buen rollito' y los gays son unas personas que, lejos de padecer situaciones de exclusión y discriminación laboral, tienen un gran poder adquisitivo y podrían ser una fuente interesante de ingresos para el turismo de la ciudad. Vamos, que más que discriminado somos un grupo hasta cierto punto privilegiado.

Una segunda cuestión puesta de relieve por el caso de Vicente Ramírez son las subrepticias formas que adopta la homofobia en el entramado de las relaciones laborales, máxime cuando estas se dan en el ámbito de la educación. Vuelvo a reiterar que desconozco de primera mano los detalles que rodearon el despido del maestro sanluqueño. Pero tods nosotrs conocemos profesors que se han presentado a procesos selectivos en centros educativos religiosos en los que han sido preguntads si estaban casads, si tenían hiijs, si iban a misa o si llevaban una vida acorde con el credo cristiano. Profesors que han debido abandonar la profesión asediads por el acoso laboral. Profesors que han sido despedids cuando se ha conocido su condición sexual. Sin embargo, en ninguno de estos casos el motivo (o uno de los motivos) del despido o la no contratación ha sido explicitado. Casi siempre hay otro argumento más sólido desde el punto de vista legal. En todo caso, la consecuencia es la misma.

Hay quien podría aducir que la empresa privada tiene todo el derecho a elegir el perfil de trabajadors que considere más oportuno para su centro. Pero es que mucha de estas sutiles (y casi siempre indemostrables) discriminaciones se producen en el seno de la eduación concertada, a la que los poderes neoconservadores tratan de proteger a toda costa en detrimento de la escuela pública. Sin embargo, casos como los de este u otrs profesors, o el del joven Alan, o de la adolescente lesbiana que también se suicidió el pasado otoño acosada por sus compañers, vuelven a corroborar que una escuela pública de calidad es la única posibilidad de una vida escolar sin sobresaltos para el alumnado lgtbq y de un ejercicio profesional con diginidad para ls docentes lgtbq.

Un último aspecto relacionado con el caso de Domínguez, además de maestro concejal socialista en el Ayuntamiento de Sanlúcar, es la posición de la Consejería de Educación y el PSOE, que ha salido en férrea defensa del profesor, según el mismo periódico local, "posiblemente porque el denunciante era un concejal socialista". Ciertamente, es lamentable que la reacción del Partido Socialista no haya sido tan contundente en el reciente caso de la docente de Arte del IES Josep María Llompart, en Palma de Mallorca, acosada por grupos ultracatólicos como HazteOír por calificar con buena nota el videoclip de un alumno gay que realizó una provocadora performance para criticar la posición de la Iglesia Católica sobre los derechos lgtbq, por lo cual se enfrenta a la amenaza de una dura sanción, y donde el consejero de Educación, el socialista Martí March, ha pedido incluso perdón al obispo balear, dándole garantías de que nada así volverá a suceder. Qué tierno.

Nos queda todavía un largo camino, a pesar de presumir de pais gayfriendly. Y el primer escalón de ese camino es reconocer que la homofobia existe, que no es, como se dijo hace décadas del machismo, una invención de 'la ideología de género', sino una realidad cruda y dolorosa a la que nos enfrentamos numerosas personas en Cádiz, Andalucía y el resto del país.